7N Marcha Estatal contra las Violencias Machistas 2015. Foto: Carlos Horcajada – Imagen en Acción / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
El próximo verano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) volverá a examinar las políticas de igualdad del Estado español. Dado que se trata de una evaluación intermedia, la evaluación se centrará tan sólo en dos cuestiones: mujeres refugiadas y violencia de género.
Poco después, en otoño, España optará a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, tras haber presentado su candidatura para cubrir uno de los dos puestos que quedarán vacantes en el periodo 2018-2020.
No es la primera vez que acudimos a un examen internacional. En verano de 2015 ambas instancias de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y CEDAW, examinaron nuestras políticas.
El primero, a través del “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica”, concluyó que la igualdad de género en nuestro país se encuentra en “riesgo de regresión”, destacando el “nivel intolerablemente alto de violencia” en el marco de las relaciones de pareja.
Por su parte, el Comité CEDAW, observó “con preocupación que la crisis financiera y económica y las medidas de austeridad adoptadas por el Estado para hacerle frente han tenido efectos negativos en todas las esferas de la vida de las mujeres”, apostillando que, “incluso en tiempos de crisis económica y restricciones fiscales, deben realizarse esfuerzos especiales para respetar los derechos de la mujer, mantener y ampliar la inversión social y la protección social, y emplear un enfoque que incorpore las cuestiones de género, dando prioridad a las mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables y evitando medidas regresivas”.
Una observación pertinente y fundada ya que, siguiendo el informe de la Plataforma Impacto de Género Ya, el recorte presupuestario en políticas de igualdad fue del 20,9% a lo largo de la pasada legislatura (2012-16) y del 47,6% respecto a 2009. En 2016, y de momento no se han aprobado otros, la inversión presupuestaria destinada a políticas de igualdad y contra la violencia de género representó tan solo el 0,01% del total del gasto consolidado.
Además, el Comité CEDAW mostraba su preocupación por la “persistencia de actitudes y estereotipos tradicionales sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres”, que son la “causa fundamental” de la violencia de género.
Conviene advertir que, según datos arrojados por la Macroencuesta sobre Violencia de Género realizada por el Gobierno, el 10% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia física en alguna ocasión, un 25% violencia psicológica de control, un 22% violencia psicológica emocional, un 8% violencia sexual y un 11% violencia económica.
Si bien no parece que las autoridades hayan cumplido con las recomendaciones hechas por la CEDAW, el pasado el 15 de noviembre de 2016, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados llegaron a un acuerdo para alcanzar un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Dieciséis medidas para “recuperar el espíritu de la Ley Integral” contra la Violencia que para sus señorías pasan, entre otras cuestiones, por dotar suficientemente las partidas presupuestarias, reforzar las medidas de acompañamiento y protección a las víctimas, incorporar en el ámbito educativo formación específica en igualdad y prevención de violencia, garantizar la formación especializada del personal de los juzgados, ampliar nuestro ordenamiento jurídico en esta materia, incrementar las acciones de sensibilización, o luchar contra el tráfico, la trata y la prostitución.
El acuerdo contiene una segunda parte, la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto. Esta Subcomisión echó a andar el pasado 1 de febrero con el cometido de elaborar, en cuatro meses, un informe que pretende abordar los impedimentos existentes para erradicar, o al menos reducir, la violencia ejercida contra las mujeres, así como posibles propuestas que den respuesta a las exigencias de los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Convenio de Estambul del Consejo de Europa.
En los próximos meses, veremos si los trabajos de la Subcomisión sobre el Pacto de Estado en materia de violencia de género van por el buen camino y en el próximo examen no nos sacan los colores, o si, por el contrario, el movimiento feminista tendrá que seguir revindicando que la lucha contra el terrorismo machista sea Cuestión de Estado.
