Diversos informes de organismos internacionales dan cuenta que la combinación de shocks externos, contracción de la oferta y demanda de las economías conducirán, en distintas proporciones, a una contracción de la actividad económica, en 2020 se prevé que en el mundo el crecimiento del PIB alcance el -3%, en el caso de la región de América del Sur, la CEPAL proyecta un crecimiento del -5%, “lo que generará casi 30 millones más de pobres”.
En ese marco general, nuevamente el rol de la política fiscal es central, por un lado, respondiendo a las necesidades de financiamiento de las políticas públicas para atenuar los efectos del COVID-19, pero también, para atender las necesidades fundamentales de la población más vulnerable y generar condiciones para reactivar el aparato productivo. En ese marco, la llegada de la pandemia del COVID-19, pone nuevamente en debate el rol activo que debe asumir la política fiscal y las formas de financiamiento que debe utilizar, y en ese marco, la definición de la política de gestión de deuda pública externa es una de las agendas del financiamiento público de corto y mediano plazo.
Este escenario también coloca en la mesa de discusión, la exigencia para que los organismos multilaterales justifiquen su existencia, planteando iniciativas que permitan proteger la salud y la vida de la población, además de las economías nacionales. El presente análisis de Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), propone tres escenarios para el debate, sobre las medidas que el gobierno podría optar para la gestión de la deuda externa en el país.
El primero plantea la suspensión de deuda en la presente gestión, medida que permitiría minimizar el ciclo de endeudamiento; esta implementación exige de una definición política y acuerdo social, que permita al gobierno hacer las gestiones necesarias ante nuestros acreedores. El segundo escenario, en caso de que el gobierno opte por un mayor endeudamiento, este debe gestionarse en condiciones concesionales, acompañado de procesos de transparencia y fiscalización, buscando así sumar el apoyo de la sociedad civil. El tercer escenario, la condonación de la deuda externa, opción que puede ser asumida en el mediano plazo, como resultado de la crisis sanitaria en el país, sobre las bases de un consenso social nacional y un diálogo con los organismos multilaterales y bilaterales. Las propuestas de los organismos internacionales se basan en facilitar líneas de crédito, proceso que puede profundizar la frágil situación fiscal de los países de ingresos medios, por tanto, una acción decidida y comprometida frente al actual contexto puede pasar por un proceso de condonación de deuda externa.
Históricamente, la deuda externa continúa afectando en mayor proporción a países con menor desarrollo, convirtiéndose en un problema financiero, que dentro del actual escenario del COVID-19, podría constituirse en detonante para terminar de colapsar las economías nacionales. A razón de lo expuesto, el CEDLA y el Grupo Sobre Política Fiscal y Desarrollo (GPFD), tiene el agrado de compartir con usted, la Revista del GPFD Nº 30, denominada: “Deuda Externa Pública: Crisis del COVID-19 y financiamiento público”, esperando que la lectura de este documento se constituya en un aporte para el debate sobre alternativas y condiciones de financiamiento en un escenario de reducción del espacio fiscal en nuestro país.
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