A inicios de los años 1990, Vusković Bravo (1993) había señalado que el rasgo más sobresaliente de la dinámica del desarrollo latinoamericano era la persistencia, la reconstitución y la profundización de la desigualdad social. América Latina no era la región del mundo más pobre, sino la más desigual en cuanto a la distribución de
sus recursos socioeconómicos. Era un planteamiento que se inscribía en la vieja tradición histórico-estructuralista del pensamiento cepalino, distanciado del que -desde hacía una década- había comenzado a revisar ese organismo privilegiando la problemática de la competitividad sistémica y redefiniendo la cuestión social en términos de “pobreza” bajo la influencia del Banco Mundial. Pese a su indiscutible relevancia, este señalamiento de Vusković Bravo pasó inadvertido y hubo que esperar algunos años a que los organismos financieros internacionales (BID, 1999; De Ferranti et al., 2004) lo asumieran y así se incluyera en la agenda de discusión en un lugar prominente.
Se puede decir que se ha alcanzado cierto consenso en considerar que la desigualdad es una cuestión social medular de América Latina y que no puede ser soslayada. Pero hablar de desigualdad, incluso adjetivándola de social, es demasiado vago porque toda relación social, en tanto que basada en el poder, es una relación de desigualdad.2 En este sentido, lo que hace detentar a América Latina el triste privilegio de ser la región más desigual del planeta son las desigualdades de ingreso; en relación con otras dimensiones, hay regiones que tienen desempeños peores (Reygadas, 2008).
