Este informe se presenta a partir del análisis de los contextos nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y de cuatro casos relevantes, uno en cada país, en los cuales se han identificado abusos de poder que combinan elementos legales, institucionales, de política pública, sociales y económicos, en el desarrollo territorial de megaproyectos extractivos cuyos repertorios de acción empresarial y estatal, y sus campos de aplicación territorial, social y ambiental, permiten reconocer verdaderos patrones de comportamiento que ameritan una reflexión crítica en pos de su reconocimiento por parte de los y las Defensoras de los Derechos Humanos, pero también de los gestores empresariales y de los funcionarios estatales, para concurrir a su superación en la medida en que fundamentan prácticas violatorias de los derechos humanos territoriales y ambientales.
Se trata de un informe ante todo cualitativo que procura identificar elementos de sistematicidad en las formas existentes de abusos de poder asociadas a los megaproyectos extractivos analizados; 1 pues a partir del Primer Informe presentado en junio del año 2018, 2 y del análisis de los contextos y de las políticas de desarrollo gubernamentales, se han podido detectar continuidades en las lógicas predominantes de actuación de los gobiernos y empresas más allá de los cambios políticos en cada país, y en los tipos de impactos de las intervenciones territoriales y sociales de los proyectos y de las entidades públicas relacionadas.
El informe parte de un panorama de la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Territoriales y Ambientales en América Latina; continúa con una breve exposición sobre algunos elementos de contexto regional y nacional del modelo extractivista en los cuatro países citados; y después ofrece el análisis de los abusos de poder por parte de los proyectos extractivos, cuyas lógicas predominantes han permitido caracterizarlos en cinco tipos principales: Los abusos de poder a través del manejo de las normas, de los discursos de instituciones y empresas, de la omisión institucional, de la fuerza física, y de la negación de la participación y las consultas.
