Hacia un Pacto Fiscal Fiscal concertado, participativo y democrático
Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian sobre el proceso de socialización del Pacto Fiscal.
El Pacto Fiscal es un acuerdo político sobre el manejo y la administración de la política fiscal del gobierno central y de los gobiernos sub nacionales, teniendo como objetivos fundamentales, la estabilidad macroeconómica, la autonomía fiscal sub-nacional, la equidad distributiva, la eficiencia en la ejecución del gasto, y la responsabilidad y disciplina fiscal. Es la posible y deseable concertación política de un modelo para la generación, distribución y uso de los recursos públicos. Es un mandato de la Ley Marco de Autonomías. Al ser un pacto, el espíritu fundamental del mismo es que debe surgir de un consenso entre los actores involucrados y no de una imposición de unos sobre los otros.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización hace referencia al régimen descentralizado y autonómico de Bolivia y al manejo económico de los recursos de las respectivas autonomías y de sus entidades territoriales autónomas (arts. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 269, 305, 313, 299, 303, 340 y 341) refuerza los principios y conceptos descentralizadores y autonómicos del Estado Plurinacional de Bolivia (arts. 2, 3, 5, 8 num.3).
En el marco de ese horizonte, el Consejo Nacional de Autonomías creó una comisión técnica que ha acordado cinco etapas para el proceso del Pacto Fiscal entre las que se encuentran: i) Preparatoria (organización administrativa, logística y de coordinación del proceso), ii) Socialización (socializar los alcances de la propuesta técnica del diálogo y las variables económicas y sociales de cada uno de los niveles de gobierno.), iii) Priorización de agendas (priorización de objetivos y acciones de Estado plasmadas en agendas productivas y de desarrollo social, acorde a las competencias de los diversos niveles de gobierno, iv) Asignación de Inversión Efectiva (una vez priorizadas las agendas productivas y sociales, analizarán los factores de administración de recursos para llevar adelante la gestión pública que permita cumplir con los objetivos impuestos y, v) Análisis de las Fuentes de Recursos Públicos (determinación de los recursos públicos y del uso de los mismos conforme a los compromisos asumidos).
Actualmente, el proceso ha concluido en su segunda etapa, la de socialización. Sin embargo, ésta se ha reducido a sólo reuniones con Asambleístas Legislativos Departamentales y Concejales Municipales. Invocamos que en este importante diálogo del Pacto Fiscal también participen, como actores fundamentales, las organizaciones de la sociedad civil y de la academia por el aporte. Por lo que se pide:
- Prever, planificar y realizar talleres de socialización con la sociedad civil en los 9 departamentos y en puntos agrupados para los 329 municipios de Bolivia, incluyendo las 12 entidades territoriales autónomas (ETAs) Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC).
- Permitir que la sociedad civil haga llegar sus propuestas, que las mismas sean tomadas en cuenta para el Pacto Fiscal y pueda contar con espacios de debate con autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas.
La solidez del proceso de diálogo dependerá de la pulcritud, transparencia y debate abierto, técnico y participativo con que se hayan llevado adelante las diversas etapas, por tanto, teniendo objetivos comunes que hacen al mejor desarrollo del proceso, recomendamos mejores y mayores estrategias de socialización, difusión y apertura del mismo. Una sociedad bien informada coadyuvará a una mejor toma de decisiones.
Estamos seguros que fortalecer espacios de participación ciudadana efectiva permitirá un apoyo democrático de la ciudadanía a este cometido.
Firman:
Bolivianos en la Red; Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios – CEBEM; Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional – CEDURE; Colegio Departamental de Politólogos de La Paz; Construyendo Redes para el Desarrollo; Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres – ECAM; Federación Departamental de Colegios Profesionales de Tarija; Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana – FUNDAPPAC; Fundación para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia FUNDETIC-BOLIVIA; Fundación Observatorio de Derechos Humanos; Fundación RAMA; Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz; Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad – IDG; Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social – IIPS; Oficina Jurídica para la Mujer; Programa Voto Transparente – Santa Cruz.
