La crisis generada por la pandemia del COVID-19 está revelando dramáticamente las desigualdades sociales y la pobreza en Bolivia. Enfermar o mantenerse en cuarentena depende, en buena parte, de las condiciones económicas en que la crisis sanitaria encontró a cada una de las personas y sus familias. El alto nivel de pobreza e informalidad en la economía, dificultan aún más la contención del virus.
A pesar de una década de bonanza en el país, las condiciones de trabajo se han deteriorado al igual que la institucionalidad y la infraestructura de la seguridad social.
En Bolivia la mayoría de trabajadores y trabajadoras, son parte del sector informal y están expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de protocolos mínimos de protección, como barbijos y desinfectantes. Muchos viven en condiciones de hacinamiento en barrios y comunidades, sin servicio público de agua potable o agua mejorada, además de tener su salud en riesgo y la reducida eficacia de medidas de prevención, destinadas a la población en general.
La mayoría de las personas que enfermarán, se enfrentarán a la ausencia de cobertura de un seguro de salud, con riesgo de morir y posiblemente sin siquiera tener acceso a servicios de salud. Los bonos serán insuficientes frente a sus necesidades básicas; enfrentando mayor pobreza. Para las y los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es equivalente a la pérdida del total de ingresos sin alternativas de solventar sus necesidades más elementales.
Si bien el Gobierno y el Banco Central de Bolivia han adoptado medidas de magnitud para paliar los efectos sobre los ingresos de las familias, el empleo y las empresas; desafortunadamente, estos esfuerzos serán insuficientes, por la crisis y la extensa pobreza multidimensional que alcanza a más del 60% de la población boliviana.
La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección a las familias de bajos ingresos y su ayuda a los ingresos debería ser amplia para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean. Los productores campesinos deben ser tomados en cuenta en las políticas de corto plazo y la seguridad alimentaria nacional; olvidada por las políticas económicas de las últimas décadas, puesto que se privilegió la especialización agrícola en pocos cultivos y la importación de productos incentivados por la política cambiaria.
Enfrentamos como país la caída de ingresos por exportaciones de las materias primas, la fragilidad productiva, la alta precariedad laboral y una capacidad fiscal limitada. En el corto plazo hay que trabajar para contar con mayor holgura fiscal, una de las posibilidades está en el diferimiento del pago del servicio de la deuda externa, que supone 822 millones de dólares para el 2020, acompañado por la negociación de nuevos créditos y de una mayor eficiencia en el gasto e inversión pública. Pero este esfuerzo no tendrá sentido, si no es el inicio de una reforma económica y social, orientada a una profunda reforma tributaria más progresiva (por ejemplo, gravar la riqueza de las personas físicas), promover la diversificación productiva, crear un sistema universal de salud y seguridad social no contributivo, y el reconocimiento de toda la sociedad del inmenso valor de la economía del cuidado, como el punto de partida para una honda democratización del mundo del trabajo y la sociedad en general.
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