Nueva ruralidad comunitaria y sustentabilidad: contribuciones al campo emergente de la economía-ecológica

Autor: Mario E. Fuente Carrasco

Resumen
La perspectiva ética (ecojusticia, justicia distributiva) es una vertiente en exploración en el proceso de la emergencia de la economía ecológica como campo diferenciado de la racionalidad económica ortodoxa; sobre todo para la significación de la sustentabilidad en el contexto socioambiental latinoamericano. La interacción desarrollada con diferentes grupos de trabajo en comunidades rurales de los estados mexicanos de Oaxaca y Michoacán (inmersos en procesos de una nueva ruralidad comunitaria), ofrecen referentes empíricos y analíticos en esta tarea. Estas praxis campesinas despliegan heterogéneos procesos de apropiación social de la naturaleza caracterizada por procurar una mayor articulación entre la responsabilidad social y la ambiental. De ahí la posibilidad de favorecer un diálogo de saberes como propuesta metodológica en la formulación de estrategias alternativas para la gestión sustentable de recursos. Este conjunto de estrategias se expresan a través de un modelo analítico.

Abstract
Ecological economics criticizes mainstream economic approaches to rationality and supports alternative models based on environmental and distributive justice concerns. As these models can be particularly relevant for analyzing environmental issues in Latin America, this study employs them to consider the interaction of several rural communities, immersed in processes of constructing new concepts and practices of communitarian rurality in the Mexican states of Oaxaca and Michoacán. We argue that the study of these processes offers valuable empirical and analytical insights, which suggest that these initiatives aim at the social appropriation of nature by incorporating the need for a greater coordination between social and environmental responsibility. Furthermore, the study of these processes can offer useful lessons for developing a methodology that can help foster a dialogue among different knowledge systems as part of the search for Refining alternative strategies for sustainable resource management. Finally, we formalize this set of strategies into an analytical model.

Palabras clave.– Comunalidad, nueva ruralidad, sustentabilidad, autonomía, justicia distributiva.

Keywords.– Communality, new rurality, sustainability, autonomy, distributive justice.

1. Introducción

El artículo se enfoca en valorar la contribución de comunidades inmersas en procesos de una nueva ruralidad comunitaria en la construcción de una sustentabilidad alterna a la impuesta por la racionalidad económica ortodoxa (neoclásica). De manera específica, se explora la forma en que se presentan y resuelven los conflictos sociales y ambientales generados en los procesos de apropiación social de la naturaleza en comunidades rurales. El referente empírico para tal aproximación lo constituye la interacción desarrollada en diferentes grupos de trabajo1 vinculados con comunidades rurales de los estados mexicanos de Oaxaca y Michoacán. En este sentido es como se explora la contribución de la praxis campesina como una aportación analítica (diálogo de saberes) en la emergencia de la economía ecológica (EE).

Son tres las tesis de las cuales parte esta exploración. Inicialmente, se destaca que el conjunto de criterios metodológicos desarrollados por la comunidad de la EE -a partir de su interacción con diversos principios de la ecología- constituye un avance analítico en la justificación y necesidad de construcción de una “sustentabilidad fuerte”. Sin embargo, por otra parte se plantea que el uso de dichos conceptos son necesarios, pero insuficientes para la comprensión, análisis y alternativas que el contexto de la realidad latinoamericana impone. De ahí que se marque la necesaria articulación con el referente ético e históricamente abierto (Burkett 2006, Barkin 2008).

En segundo lugar, se expresa la necesaria diferenciación y clarificación de la aspiración que pretende la comunidad de la EE; ya sea como paradigma “sustituto” o como campo emergente (Fuente 2008). En la práctica de la economía ortodoxa, la noción de paradigma (o ciencia “normal”) se presenta como un discurso cientificista e institucionalizado, y con ello, alejado de la reflexión y participación de la sociedad involucrada en la gestión y toma de decisiones de los proyectos de desarrollo. En cambio, en gran parte de las propuestas metodológicas de la EE hay contribuciones que cuestionan la pertinencia epistémica del enfoque ortodoxo, tal como lo representa la “ciencia posnormal” (Funtowicz & Ravetz 2000) y la denominada “evaluación multicriterio social” (Munda 2007; Fürst 2008). En concordancia con esta perspectiva (participativa), en el trabajo se utiliza a la noción de campo aportada por Pierre Bourdieu (2001). Esto en función de que incorpora a las prácticas sociales (en este caso de los involucrados) como propuestas epistémicas.

Finalmente, se plantea que dentro de la agenda de la EE, persiste la necesidad de una crítica y ruptura ideológica, política y epistémica con los marcos que impone la racionalidad económica, pues es desde ésta donde se fundamenta la noción ortodoxa de sustentabilidad, así como la contradicción estructural entre sociedad y naturaleza generadora de deterioro ambiental y desigualdad social (Barkin 1998; Leff 2004, 2006). Así, la desconstrucción analítica de la racionalidad económica implica asumir diversos retos epistemológicos. Uno de ellos consiste en deslindarse de los marcos desde los cuales se fundamenta la ciencia económica ortodoxa (como ciencia normativa, positivista y basada en el individualismo metodológico); y por otro, la exploración e incorporación de diversos saberes críticos y alternos a dicha racionalidad. Los saberes desplegados por las praxis campesinas inmersas en procesos de la nueva ruralidad comunitaria constituyen una de estas vertientes críticas.

El abordaje del tema se realiza desde tres niveles de aproximación. En el primer apartado se plantea que la instrumentación de la racionalidad económica manifestada a través de los procesos de la globalización económica neoliberal, han aumento los indicadores de in-sustentabilidad en el entorno latinoamericano (exclusión social y degradación ambiental); lo cual impone la incorporación no solo de un juicio ecológico, sino ético (ecojusticia, justicia distributiva). En este sentido, la noción de conflictos ecológicos distributivos2 se incorpora como un eje de análisis para favorecer esta integración ética e histórica. En la segunda sección se destaca y desarrolla la noción de la nueva ruralidad comunitaria como una de las respuestas dadas en el entono de la sociedad rural mexicana ante la fuerte imposición de políticas de corte neoliberal. Finalmente, a partir de la experiencia de las comunidades rurales de los estados mexicanos de Oaxaca y Michoacán (Barón 2004; Santiago 2004; Garibay 2007; Fuente & Ramos 2008), se presenta un modelo analítico en el que se representan las relaciones dadas entre las categorías de comunalidad, autonomía y procesos de apropiación social de la naturaleza dadas en las comunidades abordadas; así como su vinculación con el campo emergente de la EE.

2 Retos de la Economía Ecológica para el contexto latinoamericano: la incorporación de la dimensión ética

Desde su emergencia como campo, la EE ha sido identificada como una propuesta con pretensiones de diferenciarse del paradigma de la economía ortodoxa (neoclásica) para abordar el tema de la sustentabilidad (Klaassen 1991; Daly & Cobb 1993; Constanza et al. 1999). Mientras que la ortodoxia utiliza al mercado como el mecanismo más eficiente para la asignación y distribución de los bienes posicionales, y al lenguaje monetario como una valoración conmensurable de la naturaleza (Labandeira et al. 2007); la comunidad de la EE - representado formalmente por la Sociedad Internacional para la Economía Ecológica (ISEE por sus siglas en inglés)- ha desplegado un conjunto de criterios metodológicos críticos a tal racionalidad.

Este despliegue ha sido fructífero y posible gracias a su vocación articuladora (inter, multi, trans) disciplinaria; inicialmente con la ecología. Así, criterios metodológicos desprendidos del “segundo principio de la termodinámica”, del “metabolismo social”, así como de la “ciencia posnormal” y la “evaluación multicriterio social”, entre otros, forman parte del acervo común de la comunidad. La noción de sustentabilidad fuerte, acogida en la EE, aglutina y evidencia las principales “anomalías” de la ortodoxia: sus actos de fe basados en la posibilidad de un “crecimiento económico ilimitado” y la “conmensurabilidad del capital natural con el capital socialmente fabricado”.

En este apartado se plantea que el grado de “ecologización” de la economía es necesario, pero insuficiente para comprender, y en su caso transformar, el contexto de la sustentabilidad en el caso latinoamericano. La “aplicación” de estos criterios metodológicos no tiene las mismas implicaciones y condiciones para un mundo anglosajón y europeo (de la abundancia y con sus necesidades básicas cubiertas) que para el contexto y la realidad latinoamericana.

El arraigo de la racionalidad económica en el proyecto civilizatorio occidental se manifiesta de diferente forma en Latinoamérica; sobre todo en su nueva fase de la globalización económica neoliberal. Con ello, los indicadores de insustentabilidad han aumentado considerablemente en las últimas décadas.

Mientras que en el mundo anglosajón y europeo hablan, desde el siglo pasado, de un “fin de la historia” (Fukuyama 1992) o de entrar a una “condición posmoderna” (Lyotard 1984); en Latinoamérica se vive otro contexto. A pesar de ello, el proyecto civilizatorio occidental3 es presentando como el “único” fundamento de progreso social y de la relación sociedad-naturaleza. Dicho proyecto no puede ser la única vía de “progreso”, de “desarrollo”, y en su caso de significación del “desarrollo sustentable” (Barkin 1998; Toledo 2000); ni sus propuestas de una significación de la sustentabilidad desde una perspectiva ética ambiental antropocéntrica ahistórica como propone la ortodoxia, pero tampoco desde una ecocéntrica como se propone desde la ecología profunda (Foladori 2005).

Aquí un punto central en el debate en el cual se inscribe este artículo: uno de los ejes de la disputa de la significación e instrumentación de la sustentabilidad, desde la óptica latinoamericana, esta en la posibilidad o no de transformar la racionalidad económica en la cual se basa el proyecto civilizatorio occidental; es decir de su lógica de acumulación: la obtención de la mayor plusvalía en el menor tiempo posible. Con ello, los procesos de apropiación social de la naturaleza se orientan a una constante “mercantilización” del trabajo y de la naturaleza, así como el requerimiento de un constante consumo energético y material como un elemento fundamental para la acumulación del capital y para la degradación ambiental (Altvater & Mahnkopf 2002; Leff 2004; Altvater 2005; Burkett 2006).

En este sentido, la racionalidad económica presenta una contradicción históricoestructural entre Sociedad y Naturaleza: la dada por un modelo de organización de la sociedad orientada para instrumentar mecanismos que permitan maximizar la concentración privada del excedente (plusvalor) y con ello no solo estar manteniendo una constante producción de mercancías y altas tasas entrópicas, sino también acelerando los procesos de proletarización, separación del productor directo de sus medios de subsistencia y la desigualdad social. Estos no pueden ser considerados como atributos universales de sustentabilidad; sino de su contrario.

La globalización económica ha agudizado los citados indicadores de insustentabilidad, no solo por consagrar al mercado como el único mecanismo posible de asignación de recursos y el uso del lenguaje monetario para la valoración de la naturaleza; sino por su interés para desmantelar otras alternativas formuladas desde el estado de bienestar y de la sociedad civil (Altvater & Mahnkopf 2002; Zermeño 2005; Klein 2007).

La satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones presentes de la población latinoamericana sigue constituyendo un imperativo categórico para la significación de la sustentabilidad (Boff 2000) y en la construcción de una modernidad con “otra cara” (o transmodernidad) (Dussel 2006).

En este sentido se coincide plenamente con lo afirmado por Martínez-Alier (2004: 24) cuando señala que ante las respuestas que dominan en los Estados Unidos y en el mundo, ya sea desde el “culto a lo silvestre” o del “credo de la ecoeficiencia”, es la “Ecojusticia, la respuesta del Tercer Mundo al desafío de la sustentabilidad”. El abordaje de la sustentabilidad desde el ángulo de la ecojusticia y del principio de la justicia distributiva (Muller 2007) es congruente con la perspectiva de los conflictos ecológicos distributivos.

Gran parte de las perspectivas críticas a los efectos de exclusión y de injusticia social se encuentran desplegadas en diferentes prácticas sociales, especialmente en las heterogéneas praxis campesinas (Toledo 2000; Martínez-Alier 2004; Barkin & Barón 2005; Leff 2006; Otero 2006; Klein 2007). A continuación se caracterizan unos de estos procesos inmersos en lo que en este artículo se denomina como nueva ruralidad comunitaria.

3 La nueva ruralidad comunitaria en México como respuesta a las políticas neoliberales

La instauración del modelo neoliberal modificó de manera significativa las relaciones entre el estado mexicano y la sociedad; se constituyó, en palabras de Meyer (1992), en la segunda muerte de la revolución mexicana. En este proceso, el estado mexicano ha cedido gran parte de sus responsabilidades sociales y ambientales al mercado. El poder político representado en la institución del estado se ha subordinado a las reglas impuestas por el modelo de la integración económica internacional; así se expresa, por ejemplo, en la reforma del estado mexicano emprendida desde mediados de la década de los años ochenta y ratificada desde las instrucciones emanadas del llamado “consenso de Washington”. Las medidas de control macroeconómico se han constituido en una obsesión de la política pública, subordinado a las esferas de la política ambiental, alimentaria, rural y en general del desarrollo sustentable a estas premisas (Calva 2002).

La relación con la sociedad rural no fue la excepción; reflejándose en una mayor debilidad de las organizaciones campesinas en su capacidad para influir en las políticas públicas (Carton de Grammont 2008). Los procesos de apertura, desregularización, privatización, liberación y el cambio tecnológico, forman parte de los factores ligados a la globalización económica que la han impacto. Con el cambio de la política rural se cuestionó -descontextualizada y unilateralmente- las causas de la “baja productividad” del campo y el papel “paternalista” y “corporativo” que había jugado la relación Estado-Campesinos (SAGARPA 2005). Una de las manifestaciones formales de este cambio de relaciones se dio con la aprobación de la reforma agraria de 1992. En ésta se declara que el reparto agrario había llegado a su fin, y al mismo tiempo la propiedad social de la tierra (ejidal y comunal) tenía la “oportunidad” de someterse a nuevos procedimientos que permitían o favorecerían su conversión en propiedad privada; de participar conforme a las leyes del mercado.

El instrumento para tales fines fue el “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares” (Procede); el cual fue concebido como una de las herramientas del estado mexicano para agilizar la transformación de las bases estructurales de la producción campesina con tenencia de tierra social (ejidataria y comunal) conforme a los citados procesos del ajuste estructural iniciados en la década de los años ochenta y en la coyuntura de las negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN)4.

En esta nueva relación, las nociones de “productividad”, “competitividad”, “rentabilidad”, “progreso”, “desarrollo”, “modernización” se usan como los pilares del desarrollo rural, y en sustitución del precepto de justicia social. El libre mercado y la apertura comercial jugarán desde esos años el motivo central de las políticas del desarrollo rural.

Es en este contexto donde es incorporada, para el caso latinoamericano, la noción de la “nueva ruralidad”5 como una locución para referirse a las gamas de participación de los sujetos campesinos, así como la aparición de otros nuevos actores rurales en el proceso de la globalización económica (Barkin 2000, 2001; Giarraca 2000). Para la vertiente oficialista manejada por los organismos multilaterales es entendida como una oportunidad del sector rural para beneficiarse de las ventajas competitivas que ofrecen los procesos de integración económica internacional (Rosas 2007).

El culto a la competitividad, desprendida de la racionalidad económica ortodoxa, no solo está impregnada en los organismos multilaterales y el sector gubernamental, sino que también forma parte de un segmento del discurso académico. Desde este enfoque se evade analizar el impacto de estos procesos en la generación de los daños a los ecosistemas y en la calidad de vida de la población (Quintero 2007; Carton de Grammont 2008).

Pero al mismo tiempo, por su carácter excluyente de grandes sectores de las sociedad, el modelo neoliberal ha generado condiciones para la re-organización de movimientos sociales (heterogéneos) y contra-hegemónicos que plantea un procesos de apropiación social de la naturaleza desde otras premisas a la racionalidad económica neoliberal. En estos movimientos, la asociación comunitaria resalta como una de las características de un nuevo ethos rural (Garibay 2007). Son propuestas que procuran realizar procesos de generación de excedentes fuera de la cadena de acumulación capitalista (Barkin 2001; Barkin & Rosas 2005; Bartra 2006; Concheiro 2007). A estos procesos heterogéneos se les denomina en este artículo como nueva ruralidad comunitaria.

Una de las tesis mantenidas en este trabajo resalta que estos procesos de nueva ruralidad comunitaria, al no someterse completamente a la racionalidad económica, favorece la emergencia de otro tipo de responsabilidad6 social y ambiental en los procesos de apropiación social de la naturaleza.

Dado que el interés de este ensayo esta enfocado a identificar las respuestas de la sociedad rural ante los nuevos procesos de reestructuración económica y de sus políticas públicas, a continuación destacamos una tipología que representa cuatro procesos o transformación de los sujetos rurales (Figura1); estos son:

Tipo I. Tienen acceso (posesión) a la tierra y posibilidades (tecnológicas, de inversión, comerciales, mercado laboral) para desarrollan procesos de acumulación privada;

Tipo II. Tienen acceso a la tierra, pero no cuentan con estrategias que favorezcan la generación de excedentes, por lo que su producción es de subsistencia y requieren necesariamente de completar sus ingresos con trabajo asalariado. Su unidad de reproducción se realiza básicamente desde la familia;

Tipo III. Están o han perdido su acceso (posesión) a la tierra y sólo cuentan con su trabajo asalariado como ingreso. También tiene a la familia como la unidad de reproducción;

Tipo IV. Tienen acceso a la tierra y cuentan con estrategias para la generación de excedentes económicos sobre una organización basada en la asociación comunitaria.

Los procesos del tipo I, pero sobre todo y fundamentalmente los tipo II y III son ubicados en este trabajo como las tendencias inherentes a los procesos neoliberales; es decir, como consecuencia de la instrumentación de las políticas de corte neoliberal centrados en el indicador de productividad, de competitividad. Bajo estas lógicas de un neodarvinismo social implícito en la racionalidad económica, el mercado seleccionará a los más aptos (I), y los otros tenderán a la extinción (II y III); a su proletarización7.

Los agricultores ubicados en el grupo I que logren “adaptarse” a las exigencias impuestas por el modelo económico vigente son el “modelo ideal” de desarrollo rural neoliberal bajo la denominación de Nueva Ruralidad. Pero por su fuerte arraigo para someterse a la racionalidad económica (obtener la mayor acumulación del capital), este modelo tiene limitantes estructurales para instrumentar un desarrollo incluyente y de respeto al ambiente (Quintero 2007). La necesidad de obtener plusvalía en las condiciones que impone un mercado altamente competitivo, implica realizar prácticas agrícolas generadoras de deterioro. El monocultivo especializado con altas tasas en el uso de insumos y la explotación de los ecosistemas se convierte en un requerimiento estructural para su permanencia. En esta perspectiva, y dado que el interés de las políticas públicas de corte neoliberal es el de desarrollar indicadores macroeconómicos favorables, entonces los apoyos al campo se destinarán prioritariamente al modelo I. Los procesos indicados (en la Figura 1) como II y III recibirán apoyo a través de programas asistencialistas cuya característica -entre otras particularidades- es la de contribuir a romper los lazos de la asociación comunitaria.

En contraparte a estas respuestas, también existe otro tipo de réplicas campesinas que han desplegado caminos alternativos a la racionalidad económica; la cual hemos agrupados en el tipo IV como parte de un proceso de la citada nueva ruralidad comunitaria. Este grupo de campesinos es el referente desde el cual se desarrolla la exploración de una contribución a la EE.

Como se puede ver, se trata de un problema de “articulación” entre el “modo de producción campesina” y “capitalista”; entre la racionalidad campesina y la racionalidad económica. En la siguiente sección se enumeran diversas estrategias desplegadas en comunidades específicas que permiten valuar dicha interacción como procesos contestatarios a la racionalidad económica neoliberal y, por consiguiente, en respuestas alternativas en la resolución de los conflictos ecológicos distributivos.

4 La comunalidad y la autonomía como estrategias para forjar sustentabilidad: propuesta de un modelo analítico

Barkin (1998) y Toledo (2000) proporciona una pauta analítica para acercarse a la comprensión de la interacción entre la racionalidad campesina como saberes en la apropiación social de la naturaleza alterna a la racionalidad económica capitalista. El primer autor distingue cuatro principios para forjar sustentabilidad: 1) autonomía; 2) autosuficiencia; 3) diversificación productiva; y 4) manejo regional e integral de recursos naturales. Asimismo reconoce de manera especial el papel protagónico de las praxis campesinas con ascendencia mesoamericana para enfrentar el carácter excluyente de la globalización económica (Barkin & Barón 2005).

Toledo (2000: 77), por su parte y con base en la recopilación de dieciocho experiencias campesinas, destaca cinco aspectos: 1) defensa de los valores culturales tradicionales, 2) mantenimiento y/o reproducción de la estructura comunal basada en la equidad entre los miembros de la comunidad y el consenso a través de la asamblea comunitaria, 3) la alta eficiencia tecnológica y administrativa, 4) el control colectivo de los proceso económicos e intercambios basados en un cierto ‘equilibrio productivo’ y 5) uso conservacionista de los recursos naturales.

Tomando como referencia a los autores arriba citados y el referente empírico citado en la introducción, a continuación se presenta una propuesta de modelo analítico en el que se expresan las estrategias contestatarias de comunidades rurales en los procesos de apropiación social de la naturaleza alternos a la racionalidad económica. No sobra decir que dicho modelo está en fase de construcción y en la identificación de “indicadores empíricos” que favorezcan la comprensión de las estrategias campesinas. Las categorías centrales del modelo recaen en la articulación de las nociones de la comunalidad, la autonomía y las políticas de apropiación social de la naturaleza.

La comunalidad representa una forma de “contrato social” heredada, en muchos casos, de la cultura mesoamericana (Martínez 2003; Díaz 2007). Constituye una perspectiva ética diferente de la organización social ante la racionalidad económica para la asignación de recursos y en los procesos de apropiación social de la naturaleza; no es la representación conjunta de los intereses individuales sobre los colectivos como sucede en la noción ortodoxa de “contrato social” heredara del absolutismo de Hobbes o del liberalismo de Locke. No se entiende como

un convenio [donde] cada quién hacía el contrato para resguardar su interés particular; si el contrato, la asociación política, no lo resguardaba, me siento con todo el derecho de ir en contra porque acepté el contrato en función de mi interés egoísta, y si no responde a él, me rehúso a continuarlo (Villoro 2003: 48-9).

En el caso de las citadas praxis campesinas se puede entender como un contrato en el que

puesto que lo acepto buscando el bien de todos por medio de la voluntad general, aunque vaya en contra de mi interés personal, seguiré fiel el contrato… La democracia es, en este segundo tipo de contrato, una asociación política que a la vez, necesariamente, es ética, porque es la manera de mantener una entidad pública que garantice la libertad de todos, y que sea, por lo tanto, garante de autonomía (Villoro 2003: 49).

La caracterización de la nueva ruralidad comunitaria esbozada como saberes locales se presenta como una propuesta analítica para comprender las repuestas campesinas ante los procesos de exclusión impuesta por el modelo neoliberal y que repercuten directamente en el mantenimiento (producción y reproducción) de un tipo de relaciones sociales de producción alterna a la disciplina proletaria.

A continuación se presentan los elementos analíticos vinculados en las praxis campesinas para forjar una sustentabilidad alterna la racionalidad económica.

4.1 La comunalidad que se expresa en el nivel local como un ethos comunitario.

La comunidad se presenta como un orden social de carácter comunitario-corporativo (Garybay 2007: 252), por lo se presenta como un eje organizador de la reproducción económica de la población local y como una institución participante activamente en la asignación de recursos. Se puede representar analíticamente como procesos orientados hacia una cooperación de todos en la producción y distribución de oportunidades entre los miembros de la comunidad (y redes) para la generación de bienestar; como respuesta a los intereses (exclusión) de la racionalidad económica capitalista. Es decir, permite introducir el principio de la justicia distributiva y la ecojusticia frente a los criterios del mercado como el asignador de recursos. Los procesos que conforma a la comunalidad, son:

• La democracia participativa o consensual, alimentada por el ejercicio cotidiano y tradicional en la asamblea ciudadana, comunal y las diversas instancias de vigilancia. Representa un importante contrapeso ante el poder elegido a través de procesos de la democracia formal que se expresa en la autoridad municipal. Se constituye, a la vez, en una defensa para no concentrar el poder político, ni vincularlo al poder económico. Esto último se favorece en virtud de que la asunción de cargos y autoridad se determinan en función al prestigio dado por el servicio. La ausencia de partidos políticos en estos procesos es otro elemento adicional que alimenta la democracia participativa. Esta situación se presenta con mayor claridad en las comunidades con ascendencia mesoamericana de Oaxaca, en el que las reformas en materia electoral permiten incorporar el sistema de normas consuetudinarias (“usos y costumbres”) para elegir a sus autoridades municipales (Hernández 2007).
• La organización del trabajo comunitario, el cual se desarrolla sin ninguna compensación monetaria, sino ligado a otro tipo de valoraciones como el desarrollo de prestigio local o de compromisos impuestos desde la comunidad “para seguir perteneciendo a ella”. Se expresa a través de una diversidad de actividades. Martínez (2003) destaca, entre estas, a las siguientes: en la asamblea para la decisión; el cargo para la coordinación; el tequio para la construcción; y la fiesta para el goce;
• La Posesión territorial comunitaria. Es decir, no solo para la cohesión social basada en el bien común definido cultural e históricamente (como puede proporcionarlo la tenencia de la tierra ejidal, y sobre todo la comunal), sino como la preservación del espacio vital; la base territorial para la transformación; la expresión de los conocimientos específicos sobre la utilización de los recursos naturales; y como la base material para la autonomía política. En este punto no sobra destacar el impacto del citado instrumento de la reforma agraria de 1992 (el Procede) en las comunidades ubicadas en proceso de un nueva ruralidad comunitaria. Mientras que en otras comunidades se ha fragmentado la propiedad social en individual (parcelas); las citadas en este artículo, han ratificado a la propiedad comunitaria (o social) como estrategia de organización social y productiva.
• La construcción de identidad cultural es una noción compleja que se alimenta de diversas vertientes, entre ellas el sustento territorial y de las representaciones religiosas espirituales, la ritualización del pasado en el presente, la cosmovisión, la música, el apego a la tierra. Las fiestas patronales realizadas por las comunidades y los barrios de manera anual, constituye un ejemplo de este tipo de representaciones (Díaz 2007). En este proceso hay un elemento significativo y novedoso para la construcción de identidades: los proceso migratorios, en donde “El drama de la desterritorialización se convierte en estrategia para no perder la cercanía con la comunidad de origen” (Rangel & Sánchez 2001).
• La cosmovisión es un proceso ligado al anterior, pero con determinadas peculiaridades con alto grado de dificultad para expresarse empíricamente. En este se agrupa y se explora todas aquellas manifestaciones sobre la percepción cultural de la naturaleza (Broda & Báez-Jorge 2001). Por ello su trascendencia en la indagación para relacionarla con los procesos de apropiación social de la naturaleza.

4.2 La autonomía como proceso para la producción y reproducción del ethos comunitario frente a los poderes del mercado y de las expresiones del Estado neoliberal.

Proceso que se forja en la comunidad local, pero que tiene su mayor expresión en la constitución de redes de comunidades o a nivel regional. Uno de los resultados del desarrollo autonómico se manifiesta en la capacidad para la generación de excedentes. El grado de integración o desfase de estos procesos a las lógicas de acumulación capitalista, determinará en gran medida los alcances de la autonomía financiera. Así, por ejemplo, las remesas por migración pueden o no contribuir a la diversificación de la esfera productiva o de goce de la comunidad en función al grado del ethos comunitario alcanzado. Es decir, incorporarse o no a la esfera de los proceso de acumulación capitalista o a la generación de excedente no proletarios (Barkin & Rosas 2005; Rosas 2006; Concheiro 2007). Entre los principales procesos que integran este concepto, son:

• La formación político-cultural desde la cual se define la relación política entre comunidades (redes) y el Gobierno (sobre todo estatal y federal). En esta se expresan las relaciones ya sea de subordinación, resistencia o mayor autonomía política frente al gobierno. Es una esfera donde se construyen lazos entre la sociedad política y la sociedad civil; se expresan las relaciones estructural versus cultural y la Interculturalidad – Multiculturalidad (Otero 2006);
• El desarrollo de las fuerzas productivas comunitarias, en la que se expresa el desarrollo tecnológico, los grados de apropiación tecnológica y la posibilidad de la diversificación productiva (empresas ecoturísticas, plantas de purificación de agua, tiendas comunitarias, etc.). Se manifiesta también, en actividades amplias como las llamadas “multifucionales” o la “pluriactividad” (Giarraca 2000). Asimismo, se relaciona con el desarrollo de procesos productivos más eficientes (energética, material y financieramente) y generadores de mayor “valor comercial” como lo representa, por ejemplo, la transformación de procesos forestales únicamente de extracción de madera a otros como la elaboración de muebles para el caso de las comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca y de Michoacán;
• La diversificación del mercado. Proceso basado sobre la premisa de una necesaria búsqueda de alternativas ante las esferas del intercambio y de la circulación fuera de las acciones azarosas del mercado. Al respecto, se han generado estrategias importantes en la esfera del comercio justo basado en una economía solidaria (Cadena 2005).
• La formación de redes de apoyo en la que incluye la interacción de diversas instancias de la sociedad civil y de instituciones de educación y desarrollo tecnológico. En este sentido se ubican los trabajos desarrollados por los círculos de trabajo indicados al inicio, en el que se parte de estas premisas para el despliegue de actividades con las organizaciones sociales y productivas locales. En este punto destaca de manera notable la pertinencia de las propuestas metodológicas usadas en la EE como la “ciencia posnormal” y la “evaluación multicriterio social”.
• La soberanía alimentaria en la que se definen las estrategias de producción, abasto, intensidad de uso. Se trata de un proceso complejo y polémico, como lo advierte Barkin (1998), y que se presenta frente a los procesos de la integración económica internacional que promueven la especialización a través del monocultivo usando de manera intensiva insumos energéticos y agua (virtual) ;

4.3 Las políticas de apropiación social de la naturaleza se han constituido en uno de los temas ampliamente debatidos en la academia dada su complejidad para integrar valoraciones espacial y temporalmente diferentes: las ecológicas por un lado y las socioeconómicas y culturales por otra.

La noción de metabolismo social ha contribuido en este aspecto (Toledo 2008). Así, se han desarrollado diversas propuestas metodológicas para la formulación de indicadores y atributos para valorarlas y evaluarlas como la denominada MESMIS (Masera et al. 2000). Una forma general de acercarse a este concepto se desarrolla a partir de sus cuatro campos y actividades que la constituyen y que se pueden identificar en diversas acciones por parte de la comunidad local como “pares extendidos” (Funtowicz & Ravetz 2000) y los proporcionados por la investigación básica (Toledo 2006); estas son:

• en el Ordenamiento: Comunitario, micro regional, municipal, regional.
• la Restauración: Hábitats, comunidades, poblaciones, genética.
• la Conservación: Paisajes, hábitats, comunidades, poblaciones, genes.
• el Aprovechamiento: Extractivos, pesquero-acuícola, forestales, ganaderos, agrícolas

Asimismo, incorporamos una quinta forma de relación con la naturaleza; la derivada de la cosmovisión ligada de la cultura mesoamericana. Es decir,

• la percepción cultural de la naturaleza.

En el caso de las comunidades que habitan los ecosistemas forestales de los estados de Oaxaca y Michoacán que se abordan en este artículo, manifiestan un aspecto interesante en las políticas de gestión de los recursos naturales. El manejo comunitario de los bosques no se limita exclusivamente al aprovechamiento, sino a las otras esferas de la gestión. Aspecto que no sucedía con la explotación forestal dada en este mismo territorio por diversas empresas a través de concesiones forestales (Barton & Merino 2004; Bray et al. 2007). Así, la lucha por la recuperación de las concesiones forestales (dada en la década de los años ochenta) inicia como una demanda de mayor responsabilidad social (justicia distributiva, equidad), pero ésta se transforma en una responsabilidad ambiental o lucha verde. Estos atributos han sido reconocidos internacionalmente (por ejemplo, las certificaciones otorgadas por la Forest Stewardship Council).

4.4 La Caracterización del modelo analítico.

La Figura 2 intenta ser una representación esquemática de este conjunto de estrategias involucradas en los procesos de apropiación social de la naturaleza desde la nueva ruralidad comunitaria. Se presenta como una propuesta preeliminar de la articulación entre responsabilidad social y ambiental. Se usan “nodos” relacionados (con líneas de diferente grosor) y de manera jerárquica con la intensión de explorar agrupaciones holísticas de la praxis campesina. Con ello se pretende hacer explícitas las relaciones analíticas y “causales”: cuando se activa una se moviliza el resto. De ahí la importancia del “inicio” representado por la valoración ética-cultural concedida en este trabajo a la categoría de la comunalidad. Así, el concepto (nodo) de Autonomía se “alimenta” de los otros “nodos”, pero a su vez retroalimenta todo el proceso (reproducción) al conectarse con la comunalidad. A su vez, estos dos nodos están vinculados directamente con el nodo de políticas de la apropiación social de la naturaleza.

5 A manera de conclusiones: Los saberes campesinos y la emergencia de la Economía Ecológica como campo

Desde la perspectiva de los conflictos ecológicos distributivos se evidencia el factor protagónico que desempeña la concentración del poder económico en el reparto de los beneficios y costos (sociales y ambientales) de la apropiación social de la naturaleza; y de esta forma permite realizar una análisis más amplio en la significación e instrumentación de la sustentabilidad.

La emergencia de la EE como campo implica asumir la construcción desde un espacio en el que se integran saberes y prácticas sociales específicas no exentas de luchas, y como espacios jerarquizados en el que los agentes sociales ocupan posiciones desiguales con relación a la cantidad y calidad del “capital” científico que cada uno posee. Visto así, el diálogo de saberes representa

el reconocimiento de los saberes - autóctonos, tradicionales, locales- que aportan sus experiencias y se suman al conocimiento científico y experto; pero implica a su vez el disenso y la ruptura de una vía homogénea hacia la sustentabilidad; es la apertura hacia la diversidad que rompe la hegemonía de una lógica unitaria y va más allá de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas y racionalidades diversas…(Leff 2004: 326).

De la experiencia desplegada en las citadas comunidades rurales, aportan estrategias específicas para enfrentar los retos analíticos implicados en un análisis desde los conflictos ecológicos distributivos los siguientes aspectos:

1. Son experiencias (luchas) comunitarias desplegadas que tienen su auge en la década de los años ochenta para tomar en sus manos un relativo control de los procesos de apropiación social del territorio (en muchos caso ligado al aprovechamiento forestal), que a su vez favoreció la reconfiguración de un nuevo orden social basado en un ethos comunitario;
2. Son acciones que muestran una articulación de su organización social tradicional con novedosas estrategias para la construcción de una sustentabilidad que favorece la conciliación entre una responsabilidad social (con los principios de justicia distributiva) y ambiental (con políticas de ordenamiento, restauración, conservación, aprovechamiento y cultural);
3. Son aportaciones heterogéneas en el ámbito de saberes locales (praxis); éticohistórico (cultural y político), ambiental (cosmovisión y manejo de recursos naturales), territorial (extensión, calidad y tipo de propiedad colectiva), organización productiva comunitaria y demográficas que son fundamentales a considerar en la construcción de un proyecto de nación incluyente;
4. Son representaciones que han mostrado estrategias innovadoras para resolver los conflictos ecológicos distributivos de una manera alterna frente al mercado y al estado para promover la justicia distributiva; y
5. Son estrategias que se enfrentan, como el resto de la sociedad mexicana, ante una encrucijada: ¿Cómo resistir o reconfigurar sus estrategias ante la agudización de los conflictos ecológicos distributivos impuestos ideológica, política y estructuralmente por la racionalidad económica neoliberal?

De la praxis campesina inmersa en los procesos de la nueva ruralidad comunitaria se ratifica la necesidad de la EE como campo emergente para enfrentar dos retos epistémicos simultáneos y contestatarios a la racionalidad económica, a saber:

• entender a la aspiración de la articulación disciplinaria como un esfuerzo por ofrecer un enfoque multidimensional (áreas del conocimiento); pero al mismo tiempo difundirse hacia un diálogo de saberes en el que se incorporan las prácticas sociales no formales contestatarias a la racionalidad económica; e
• integrar el juicio ecológico al juicio éticohistórico abierto. Es decir, que no sólo se explique las “anomalías técnicas” de la racionalidad económica, sino que contribuya a evidenciar su sesgo ético, y en esa medida explorar y construir alternativas.

Agradecimientos

La elaboración del artículo fue favorecido por la participación en tres estancias trimestrales con el quipo de trabajo dirigido por los doctores Etelberto Ortíz y David Barkin dentro del seminario “Macroeconomía Dinámica, Cambio Estructural y Economía del Manejo Sustentable de los Recursos Naturales” del departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Asimismo, se agradece las aportaciones derivadas de la revisión crítica de dos árbitros anónimos.